Reforma de la justicia: un primer acuerdo
El miércoles pasado se presentó, finalmente, un nuevo proyecto de acto legislativo para reformar la administración de justicia. Creo que su mayor aporte será la descongestión de los procesos, una mayor seguridad jurídica y, en últimas, la atención de los reclamos más que justificados de una ciudadanía que no se siente amparada en la protección y realización de sus derechos.
El primer objetivo apunta a solucionar los gravísimos problemas de acceso y congestión de los despachos judiciales. No obstante los esfuerzos y las reformas que se han hecho en los últimos años, el tiempo promedio de solución de un proceso en la justicia ordinaria es de 1.300 días. Si a ello se suma el trámite de las acciones de tutela, puede llevar 120 días más. Para procesos con mayor complejidad, como los ordinarios, los contenciosos o los penales, incluidos los recursos extraordinarios como la casación, ese tiempo puede llegar a duplicarse. En Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, un proceso puede llegar a tener 7 recursos: reposición, apelación, casación, revisión, tutela, impugnación de tutela y revisión en la Corte Constitucional.
El proyecto plantea varias iniciativas para hacer frente a esta situación. La más importante, la de investir de nuevas funciones a jurados en las causas criminales, a conciliadores y a árbitros habilitados por las partes para fallar en derecho o en equidad. El proyecto también permite conferir funciones jurisdiccionales de manera transitoria a notarios, centros de arbitraje y centros de conciliación y abogados a tiempo parcial. Con este mismo fin, el proyecto ordena al Gobierno Nacional la presentación de iniciativas para actualizar la legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos y crea la jurisdicción comercial. Útil también sería que la reforma se enfocara en un modelo eficiente de gerencia de procesos.
En segundo lugar, la reforma se ocupa del llamado precedente judicial, haciéndolo obligatorio para los jueces y magistrados en el momento de fallar los asuntos sometidos a su consideración. Los jueces estarán, entonces, sometidos ya no solo al cumplimiento de las leyes, que usualmente son confusas y ambiguas y se prestan a decenas de interpretaciones, sino, además, a la observancia de la manera como se han fallado similares controversias con anterioridad. Esta figura permitirá hacer realidad el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ofrecerá mayores niveles de seguridad jurídica y también ayudará a descongestionar los despachos, pues hará más fácil y más expedita la función jurisdiccional.
La iniciativa evitó incluir temas polémicos, supongo que en aras de lograr consensos y facilitar el trámite. Pero sería importante que desde los primeros debates se incluyan también asuntos como la debatida reforma del Consejo Superior de la Judicatura, que permitiría optimizar el gasto de billones de pesos asignados a la rama.
El Gobierno, a través de la Ministra de Justicia, ha participado activamente en la discusión y redacción del proyecto de acto legislativo. Lo novedoso ahora es que tenga el aval de varios partidos con mucho peso, en las comisiones constitucionales. Este proyecto, al igual que otras iniciativas presentadas esta semana, puede ser el principio de un gran acuerdo para darles impulso a reformas como lo son la de la salud, la pensional, regalías, consultas previas y tantas otras que no dan espera. Este es el procedimiento adecuado para buscar acuerdos y no el que denuncié la semana pasada.
Esta reforma de la justicia no solucionará toda la problemática del sector, pero su aprobación sería un primer gran logro que permitirá resolver, a nivel constitucional, cuellos de botella que por años han impedido que avancemos en la dirección de tener una justicia pronta, eficaz y al servicio de todos los ciudadanos.
