Sacyr, pleitos más que obras
Por: Germán Vargas Lleras
Mucho se habla en estos días del famoso puente Hisgaura. Quiero recordar que en 2013, el muy corrupto Fondo de Adaptación abrió licitación para la construcción de tres puentes vehiculares en la ruta Curos-Málaga, en el departamento de Santander. El ganador fue la firma Sacyr, la cual se comprometió a construir los tres puentes por un valor de 80.000 millones de pesos.
En el mes de enero Sacyr entregó al Invías el único de los tres puentes que finalmente se construyó: El icónico puente Hisgaura, mejor conocido como el ‘puente acordeón’. El presupuesto de esta obra debió ser incrementado en casi 24.000 millones de pesos, y su entrega se verificó 18 meses después de lo pactado, tras la firma de seis modificaciones contractuales u otrosíes.
La campeona de las seis modificaciones fue la tercera. En ella se suspendió inexplicablemente la ejecución de los otros dos puentes contratados. El de La Judía y el de Sitio Crítico. También se adicionó el contrato y se acordó que cualquier controversia se sometería a un tribunal de arbitramento cuando no se había pactado cláusula compromisoria. En esta modificación se le entregó al constructor todo lo que solicitó, pero, aun así, este se reservó el derecho a seguir demandando a la nación, lo cual ya ha hecho en dos oportunidades.
En otras modificaciones se variaron la forma de pago, el término de entrega, el plan de inversiones y los hitos de verificación. Mejor dicho, del contrato original con el cual Sacyr se adjudicó la obra no quedó nada. Desde el alcance de la obra, que redujo de tres a uno los puentes, hasta los plazos, los valores e, incluso, la jurisdicción para reclamar. Yo me pregunto: entonces para qué una licitación si todo se ajustará luego. ¿Qué pasa con los competidores? Esta obra puso una vez más en evidencia la nefasta y corrupta práctica de adicionar los contratos, los cuales se licitan a cualquier precio, pues se parte de la base de que todo se corregirá vía demandas una vez se adjudiquen los trabajos.
En desarrollo de esa muy conocida práctica, Sacyr inició dos tribunales de arbitramento en los que solicita un nuevo reajuste de costos y el pago de gastos administrativos por mayor permanencia en obra. En total, 41.000 millones adicionales a los 24.000 ya señalados. Se dobló el valor de la obra, pero esta se redujo a una tercera parte. No contentos con esto, iniciaron un nuevo tribunal para reclamar mayores gastos en las pruebas de carga, fisuras del tablero y, ojo, gastos adicionales por el no recibo oportuno de la ‘acordeonada’ obra, al parecer por problemas en las vigas flotantes y en el propio diseño, que suscitó tanta preocupación al hacerse públicas la primeras fotografías.
Con un solo carril habilitado, la obra se recibió en enero del presente año, pero el 20 de junio –no habían pasado seis meses– tuvieron que iniciarse los trabajos de recuperación de la placa asfáltica, pues mostraba un serio deterioro. En septiembre se dañó nuevamente, por lo que la semana pasada se reanudaron los trabajos de recuperación. Sacyr señala como responsable de este deterioro la falta de uso del puente. ¿Qué tal?
Cómo olvidar que también fue Sacyr la firma que construyó el puente Pumarejo, en Barranquilla. Después de haber recibido 130.000 millones adicionales a lo acordado originalmente y de habérsele permitido, inexplicablemente, acudir a tribunales de arbitramento cuando tampoco existía cláusula compromisoria, hoy tiene demandada a la nación por más de 200.000 millones de pesos a través de 18 reclamaciones. La historia se repite una y otra vez.
Una nota final y muy preocupante acerca del tribunal que deberá fallar sobre las multimillonarias pretensiones de Sacyr. ¿Cómo es posible que el doctor Eduardo Fonseca, amigo íntimo del director legal de Sacyr en Colombia, Francisco Martínez, esté actuando como árbitro del tribunal? ¿Cómo pudo ser designado con este protuberante conflicto de intereses y cómo la defensa del Estado ha permitido esta situación?
En el pleito del canal de Panamá acaban de condenar a Sacyr en 240 millones de dólares, pues la Corte de Arbitraje desestimó los infundados sobrecostos que se pretendía cobrar. La estrategia no funcionó en Panamá. ¿Funcionará en Colombia?
