¿Salvar Avianca?
Por: Germán Vargas Lleras
Debate de fondo se ha planteado esta semana sobre el futuro de Avianca y el papel que el Estado debería jugar en la solución de una crisis que, más allá de una compañía, involucra a un sector estratégico de nuestra economía. Argumentos muy poderosos y también propuestas concretas se han presentado por analistas, empresarios e, incluso, directivos de la aerolínea. Me parece que a estas reflexiones les ha faltado una mirada desde la política pública para responder una pregunta mucho más de fondo sobre el transporte aéreo en nuestro país.
Como en el caso del empleo y la inaplazable reforma laboral a que me referí la semana pasada, yo creo que por la crisis del sector y de su principal protagonista, Avianca, ha llegado el momento de impulsar definitivamente la política de cielos abiertos o liberalización del transporte aéreo en nuestro país.
Llegó el momento de ponerles fin a los altos costos de los tiquetes, a la mala calidad del servicio, a la impuntualidad y, en general, a todos los abusos que genera la falta de competencia en cualquier mercado.
Una política de cielos abiertos permitirá contar con más empresas que ofrezcan un mayor número de rutas y frecuencias, que compitan con tarifas, promociones y servicio. Aquí, lo que necesitamos es más operadores, tanto en rutas nacionales como internacionales, y poner al usuario y la competitividad de nuestro país en el centro de la política pública en materia de transporte aéreo.
Para lograrlo habrá que dar acceso irrestricto al mercado, con frecuencias ilimitadas, libertad de equipos y no más acuerdos de reciprocidad. En el Congreso hace trámite el proyecto de ley de cielos abiertos, el cual, hay que reconocer, nunca ha podido avanzar por causa de los intereses de Avianca. La pandemia nos ha develado, como en tantos otros temas, la necesidad de hacer cambios profundos en sectores antes intocables.
Abrir nuestros cielos no quiere decir que no debamos ocuparnos de encontrar una solución para una empresa centenaria. Pero a mí no me convencen los argumentos de quienes sugieren que el Estado colombiano aporte en este momento 1.200 millones de dólares a esta compañía, ni en calidad de préstamo ni en calidad de aportes. No creo que el futuro del sector turismo dependa de Avianca, tampoco creo que esta empresa está aportando a la competitividad del país; incluso, no creo que en cualquier caso se vayan a perder los miles de empleos directos e indirectos que genera, pues sean quienes sean los que entren a operar nuestro mercado, siempre se les podrá exigir como contraprestación para autorizar las rutas la incorporación de estos trabajadores a sus nóminas.
Tampoco es conveniente la compra de acciones –¿qué tal el Estado colombiano asociarse a semejante quiebra?–. El Estado por definición es mal administrador, y no creo que esté en capacidad de entrar a operar o controlar una compañía aérea. El fracaso de esa participación en Aces lo ilustra todo.
El rescate de esta compañía, que todos queremos, debe comenzar por el sometimiento al capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana, en virtud de la cual accionistas y acreedores deben hacer el adelgazamiento requerido por la empresa y la reestructuración de todos sus pasivos, en este caso con los fabricantes y arrendadores de aviones y con las entidades financieras y tenedores de los bonos a los que, en total, según cifras al cierre de 2019, se les adeudan algo más de 4.850 millones de dólares.
Este proceso, diseñado para proteger a la compañía durante un largo periodo, le permitiría reducirse al tamaño ideal y sanearse, y ahí sí el Gobierno podría pensar en financiar su capital de trabajo. Solamente en este escenario tendría sentido lanzarle un salvavidas a Avianca. Cualquier otra ayuda será transferir recursos públicos de todos los colombianos a las entidades financieras internacionales y a los accionistas, sin que ello garantice, para nada, la supervivencia de la compañía, lo cual carece de toda justificación.
