Sanción ejemplar
El país entero escuchó al presidente Duque decir: “No descansaremos hasta recuperar el último peso” del anticipo por $ 70.000 millones desembolsado al consorcio Centros Poblados y por su conducto a la firma ICM, líder de este, que acreditó la experiencia en ese descalabro.
En hora buena el Mintic decretó la caducidad del contrato, pero ello no garantiza que se recuperará el anticipo al no existir garantías, ni manera de hacer efectiva la cláusula penal ni, mucho menos, yendo a perseguir unos equipos que nadie sabe si existen. Por eso, lo más expedito y lo que sin duda debe hacerse es declarar también la caducidad de todos los contratos que esta firma ICM tiene con el Estado, solicitar la devolución de los anticipos pagados y ejecutar todas las pólizas y garantías otorgadas, esperando que en estos casos no salgan chimbas.
Y ahora nos enteramos de que en el primer semestre de este año el Invías les adjudicó contratos a 3 consorcios de los que hace parte ICM. El primero, a través del consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado el 13 %, ni siquiera una tercera parte del anticipo que alegremente se les entregó por casi $ 19.000 millones.
El segundo, a través del consorcio Corredores Viales para construir el tramo Vado Hondo-Labranzagrande-Yopal por valor de 137.000 millones con 0 % de ejecución y con anticipos pactados que van hasta el 50 % del valor total.
El tercero, a través del consorcio San Sebastián por valor de $ 300.000 millones y también con una ejecución de 0 %. El mismo anticipo del 50 %. Otra belleza.
Llama la atención la muy inconveniente práctica en el Invías de permitir el desembolso de los recursos depositados en las fiducias con la sola firma del contratista y del interventor. ¿Cómo es posible que la entidad no tenga que dar su visto bueno? Fácil pero costosa manera de lavarse las manos.
Y ahora el cuate director del Invías, Juan Esteban Gil, conocida la caducidad de Centros Poblados, anuncia que va a exigir la cesión de los mencionados contratos, siguiendo la tesis conocida del abogado Pino Ricci. De permitir esto, ICM de seguro podrá obtener una jugosa e inmerecida prima, cuando prácticamente no ha ejecutado nada de los contratos. Si de verdad se quisiera recuperar algo de los $ 70.000 millones del Mintic y, además, establecer una sanción ejemplar contra estos contratistas, se debería proceder en estos tres casos con la caducidad de los contratos. Es probable que a estas alturas sea a lo único a lo que podrá caérsele.
Y que no empiecen a llenarse de razones para no proceder de esta manera. Saben bien que el Invías tiene la facultad legal para hacerlo, según el art. 9 del Código Administrativo, previo un estudio de la situación y un juicio de valor que les permitan hacer uso de sus potestades, o bien para caducar los contratos o de pleno derecho darlos por terminados de manera anticipada y exigiendo la devolución de los anticipos no amortizados. Ese es el camino.
Hicieron bien la Fiscalía y la Contraloría en llamar a responder a todos los que hasta ahora han aparecido en el caso, pero me temo que todavía son peces menores, incapaces de mover no los hilos, sino las poderosas cuerdas de este desfalco. Ojalá pronto den resultados.
P. D. El Gobierno de Estados Unidos donó a Colombia 6 millones de vacunas. Todas ya recibidas y aplicadas. Se trata de la única donación que hemos recibido y, entiendo, una de las mayores que ha hecho EE. UU.
En gesto de reciprocidad y torpeza, el Minsalud acaba de suscribir un convenio con el Gobierno chino dizque para producir una vacuna chino-criolla en Colombia. Aparte de ser este proyecto todo un cuentazo, me pregunto qué estará pensando el Gobierno norteamericano de esta curiosa forma de agradecerles, justo cuando la relación bilateral comienza a reconstruirse. Todo un cabezazo. Más bien deberían estar pensando en cómo hacer para pagarles a las IPS los $ 680.000 millones que ya dispuso el Minhacienda en el Fondo de Calamidad para cubrir los costos de la vacunación, y de los cuales apenas se han desembolsado $ 19.000 millones por problemas del aplicativo en el Ministerio. En igual sentido he advertido sobre la ley de punto final que fallece, en razón de la incapacidad incomprensible de auditar las cuentas.
