¿Se saldrán con la suya?

En los próximos días esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo sobre la exequibilidad de la reforma pensional. Contra esa ley se presentaron nada menos que 58 demandas, de las cuales 19 siguen activas después de que las demás fueran archivadas y varias más pendientes de reparto o de admisión, a estas alturas.

Es para no creerlo que después de 7 meses todavía no haya un pronunciamiento sobre uno de los temas que mayor afectación tienen sobre la ciudadanía. La única que a hoy estudiará la Corte es la presentada por la senadora Valencia y cuya ponencia ha correspondido al magistrado Ibáñez.

El cargo más importante, a mi modo de ver, tiene relación con la elusión del debate en la Cámara de Representantes. Todos recordamos la ‘jugadita’ de la plenaria de la Cámara cuando ‘pupitreó’ a la brava el texto enviado por el Senado. Esto impidió que los congresistas estudiarán las más de 700 proposiciones radicadas, restringiendo ilegalmente su capacidad de intervenir en el proceso legislativo. La Cámara evitó el debate al acoger el texto aprobado por el Senado y de esta manera condenó la reforma a su declaratoria de inconstitucionalidad. Los representantes lo sabían, lo advirtieron y aun así prefirieron correr el riesgo.

Cada cámara del Congreso tiene la responsabilidad de revisar, debatir y, si es necesario, modificar el contenido antes de aprobarlo. Lo que no es válido es que una cámara adopte automáticamente lo que la otra ha decidido sin realizar su propio análisis. Esta práctica anula el propósito del debate legislativo y reduce la aprobación de las leyes a un simple trámite, en lugar de un proceso de deliberación.

La Procuraduría, en concepto que obra en el proceso, pidió la inexequibilidad de la ley al encontrar que en la plenaria no se ofrecieron las condiciones mínimas requeridas para que existiera un escenario de discusión, pues al adoptar en bloque el texto de Senado se pretermitió la oportunidad de deliberar, lo cual nos coloca ante la imposibilidad de subsanar el vicio de elusión del debate.

Esperemos que la Corte mantenga su propia jurisprudencia. Sería muy grave que la nueva composición de aquella termine dando la razón a quienes creemos que el Gobierno ya consiguió una mayoría permanente que en este caso concreto pudiera inclinarse por crear una nueva jurisprudencia, permitiendo subsanar vicios tan protuberantes en el trámite de una ley. Al respecto, solo mencionar las sentencias C-481 de 2019, la C-340 de 2024 y la C-801 de 2003, en donde se afirmó que la omisión del debate en la Cámara de Representantes representaba un vicio insubsanable, destacando la necesidad de que cada cámara cumpla con su función deliberativa, o la C-298 de 2016, en la cual se enfatizó que el debate legislativo es una función esencial en el Congreso y que cuando no se respeta, la votación carece de validez, o aquellos pronunciamientos contenidos en las sentencias C-222 de 1997, C-1048 de 2004, C-473 de 2004 y C-157 de 2021.

Sobre dos cargos más tendrá que pronunciarse la Corte. El primero de ellos, la creación de un régimen pensional especial sin competencia del Congreso y sin consulta previa que tanto defienden los progresistas cuando les conviene y que aquí se pasaron por la faja. Por último, deberá conceptuar sobre el nuevo gravamen a las pensiones.

La senadora Pizarro invita al pueblo a salir a las calles si el fallo de la Corte no les es favorable. Estas amenazas no son nuevas. Pero ahora vienen acompañadas de un sartal de mentiras sobre los efectos de la caída de la reforma, cuando lo cierto es que todos los beneficios recibidos hasta ahora por los pensionados se han podido otorgar sin esta ley. Qué vergüenza ver a todos estos alfiles del Gobierno mintiendo sin ningún rubor. A este llamado se suma el propio Petro al afirmar: “Hay que entender, y lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que del voto se tiene que pasar a la movilización permanente”. ¿Cómo entender estas consignas?

Esta será la primera prueba de fuego para el Dr. Polo y quienes de tiempo atrás secundan las iniciativas del Gobierno. Veremos si la Corte modifica su propia y reiterada jurisprudencia y le lanza un salvavidas a Petro, permitiendo que se pueda sanear lo insubsanable y legislar en este país con irrespeto total a nuestra Constitución y a nuestro sistema bicameral y democrático. De ser así, cualquier cosa podremos esperar.