Sinvergüenzas
Por: Germán Vargas Lleras
Preocupado por las alarmas que nos llegan del sur del país, especialmente de los departamentos del Putumayo y del Huila, me di a la tarea de averiguar la suerte de uno de los proyectos de infraestructura vial más emblemáticos por su impacto económico y, sobre, todo social. Me refiero a la conexión vial Santa Ana-Mocoa-Neiva. Este proyecto, como se recordará, se adjudicó al llamado grupo Solarte, y el acta de inicio de la construcción se firmó en septiembre del 2016.
La obra, por un valor de 3,8 billones de pesos, actualizados a 2019, tiene una longitud de 456 kilómetros e incluye 4 puentes, dos viaductos y tres túneles. Su valor estratégico está en que conecta a Ecuador con Bogotá, a través del valle del Magdalena, sin remontar la cordillera Central. Como ya existe la conexión desde el paso fronterizo de San Miguel hasta Santa Ana, que se construyó en el gobierno anterior y cuyo costo fue de 580.000 millones, este proyecto permitirá empatar los tramos, reduciendo la duración del viaje a Bogotá, de las actuales 23 horas (Rumichaca-Cali-Bogotá) a menos de 11. Además, integrará al país vastísimas y muy ricas áreas para desarrollos agroindustriales, fomentará el comercio binacional y permitirá llevar inversión y la mano del Estado a zonas tradicionalmente olvidadas.
Pero la famosa obra tiene hoy un avance del 2,2 %. Prácticamente nada se ha hecho. El concesionario ha alegado que perdió el financiamiento de la obra y, claro, no podía ser de otra manera después de las imputaciones de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos en el proyecto Tunjuelo-Canoas durante la alcaldía de Samuel Moreno.
El contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva no ha podido tener un peor desarrollo: en agosto de 2018 se declaró el incumplimiento grave; en septiembre de 2019 se hace efectiva la cláusula de caducidad; en abril se confirmó la caducidad, pero luego se le acepta al concesionario, creo yo ilegalmente, presentar planes remediales, todos incumplidos, hasta aquel que preveía el mantenimiento del corredor. Se le impusieron, además, dos multas por 24 .000millones, pero increíblemente la ANI no le ha decretado hasta ahora la caducidad del contrato y procedido a licitar nuevamente la obra, como le correspondería en todo rigor.
Ahora resulta que el grupo Solarte quiere ceder el contrato. Vaya, vaya. Un premio para una firma que no solo ha incumplido ostensiblemente sus compromisos en este contrato, sino también en el de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, cuyo avance después de 5 años es 0, óigase bien, 0, y donde ya acumulan 14 procesos sancionatorios. Y el de Bucaramanga-Pamplona, donde el avance es del 10 %, muy por debajo del 40 % que deberían tener a la fecha y cuyo incumplimiento seguramente se decretará próximamente, o el de la vía Neiva-Girardot, que también presenta demoras en el cronograma de entrega.
Después del escándalo de corrupción en el proyecto Tunjuelo-Canoas se ha debido declarar la caducidad de todos los contratos del grupo Solarte, lo cual debería hacerse de inmediato. Pero lo que de ninguna manera es admisible es que ahora se pretenda autorizar la cesión del contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva. Y con este propósito, exigir que se autoricen 4 nuevos peajes en la ruta, lo cual ya ha desatado la ira de la comunidad, o la reducción del alcance del proyecto que comprometería algunas variantes y los dos viaductos de Altamira y Pericongo. Pero nada sería más irónico que el cobro de una prima al nuevo concesionario, una firma de origen chino (China State Construction) con la que ya se tendría todo este genial operativo organizado.
El Estado no puede permitir esta burla. Debe actuar con todo rigor, y en especial los organismos de control que tienen a su disposición el vigente y aplicable control preventivo.
P.D. Se confirmó lo que predije en el caso del tribunal de arbitramento sobre el puente Hisgaura, también denominado acordeón: la nación fue condenada al pago de 10.000 millones, y no contentos, ya viene la segunda reclamación de Sacyr sobre el mismo puente. Ojalá en este, por lo menos el abogado de la nación presente una demanda de reconvención.
