Sitiados por el hampa
Por: Germán Vargas Lleras
La situación de inseguridad en Bogotá es insostenible. Cada 4 minutos se registra un hurto, en las últimas semanas hemos tenido 23 casos de sicariato y lamentables asesinatos de policías. Lo que estamos enfrentando son sofisticadas y bien organizadas estructuras criminales dedicadas a robar celulares, bicicletas, apartamentos y vehículos, principalmente, muchas con violencia desmedida.
La Cámara de Comercio ha informado que la percepción de inseguridad de los bogotanos ha batido un récord histórico al situarse por encima del 76 %, las denuncias han crecido, y 4 de cada 10 personas señalan haber sufrido algún ataque. El hurto con arma de fuego en esa tierra de nadie llamada TransMilenio ha crecido en un 215 % en los casos reportados. Difícil tener que admitir que la única solución es permitir que la gente se arme para defenderse. Mejor pensar, por ahora, en el fortalecimiento de la justicia y de las fuerzas de Policía y de seguridad del Estado.
Sigo creyendo que el principal problema está en la órbita de la política criminal. De 240.000 capturas, 90.000 registraban antecedentes, y en más de un centenar de casos, la misma persona tenía entre 40 y 70 arrestos. Lo mismo ocurre con los imputados por la Fiscalía, de 85.000 casos reportados, más del 51 % tenía antecedentes. Pero poco puede hacerse, pues una sentencia de la Corte exige que la persona haya sido efectivamente condenada para considerarla reincidente y poder prohibir su excarcelación o la concesión de beneficios.
El otro problema por resolver está en la política carcelaria y en la capacidad del sistema para recibir en condiciones dignas a los detenidos. Motivo pandemia, cerca de 900 personas salieron de prisión, acogiéndose a los decretos de excarcelación. Pero más de 25.000 recobraron su libertad por medidas de detención alternativa o libertades condicionales. ¿Cuántos de estos estarán delinquiendo nuevamente? No pocos, seguramente. Las normas han sido inclusive utilizadas para que peligrosos criminales ya condenados por masacres, narcotráfico y homicidios obtuvieran prisión domiciliaria, aduciendo enfermedades o su condición de cabeza de familia. En otros casos salieron por vencimiento de términos.
Resolver el hacinamiento carcelario con estas medidas facilistas se ha vuelto costumbre. Cuando se dispara la delincuencia se regresa a la sobreocupación y nuevamente a las medidas de descongestión. Un círculo nefasto que solo se romperá mediante la construcción de nuevos centros carcelarios.
En los terrenos de la cárcel La Picota se podría construir rápidamente la infraestructura para generar 20.000 nuevos cupos. Es indispensable, también, para combatir las estructuras criminales organizadas fortalecer las labores de inteligencia e investigación. Me pregunto por los resultados de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia, de cuya actividad poco se conoce.
También debe actuarse con prontitud en materia de extinción de dominio de todos los bienes relacionados con la criminalidad, en la judicialización de delincuentes en un término no mayor de 24 horas, en el tratamiento de menores infractores y en la reforma de la Policía que se anunció esta semana.
Además de las reformas que atañen al sector justicia y deberían incorporarse en el proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso, es urgente actuar en el aumento del pie de fuerza de la Policía en Bogotá, que cuenta con el menor número de efectivos de todas las áreas metropolitanas. ¿Por qué no se ha cumplido con este compromiso con la ciudad? No es mucho pedir una redistribución más equitativa, como lo es revisar a fondo la política y estrategia de incorporaciones y los presupuestos.
Sé que muchos de estos temas exceden las facultades de la alcaldesa mayor de la ciudad. Pero en muchos otros frentes lo que esperamos es más recursos y una mayor coordinación institucional, no más peleas ni llamados de atención en público. Ni siquiera en épocas del alcalde Petro se veía una relación tan deteriorada. La autodenominada jefa de la Policía capitalina tiene el deber de liderar y motivar a la Policía y enfrentar con decisión la recuperación de la seguridad ciudadana.
