Tocó, pero así no
Como estaba anunciado, el Gobierno presentó esta semana su proyecto de reforma tributaria. Es claro que realmente encontró la olla en ceros, con un déficit fiscal que pasó de 30,3 billones a 83,1 y con una deuda neta que, como porcentaje del PIB, pasó de 46 al 60 por ciento. Es buena señal que la hayan presentado desde ahora, pues ello permitirá, y así lo esperamos, la discusión profunda y sin afanes del articulado. Constato que este primer proyecto no generó las alarmas suficientes, seguramente porque la gente esperaba algo peor, pero en la medida en que su análisis se ha ido decantando las preocupaciones son enormes.
Me hago la ilusión de que pese a la aplanadora del Congreso, en el curso de estos meses podamos tener diálogos francos, abiertos y respetuosos como los que iniciamos con el ministro Ocampo.
Dicho lo anterior, comienzo por advertir que muchas de las preocupaciones que tenía con respecto a la reforma se han confirmado. De acuerdo con la propuesta, los empresarios, es decir, las sociedades y sus socios, van a quedar sometidos a 5 impuestos (renta, dividendos, patrimonio, ICA y 4 × 1.000) que en conjunto generarán una tasa de tributación que fluctúa entre el 62 y el 104 % de las utilidades. Téngase en cuenta que una tasa de renta del 35 % para las sociedades, junto con una tasa de hasta el 39 % sobre los dividendos genera, solo entre estos dos tributos, que las rentas empresariales tengan una carga tributaria superior al 60 %. Imposible competir.
Por otra parte, la elevación del impuesto de ganancia ocasional del 10 al 30 % genera un riesgo real de que las personas y las empresas no puedan reponer los activos, además de desincentivar la actividad económica en muchos sectores, como el de la vivienda.
Mucho se había anunciado sobre el desmonte de exenciones y tratamientos de privilegio para ciertas actividades y sectores, pero poco quedó consagrado en el proyecto. El ministro ha dicho que está dispuesto a considerar propuestas, siempre que compensen lo que deje de recaudarse. Propongo, entonces, que se profundice en el desmonte de estos beneficios que hoy suman 92 billones de pesos.
El Gobierno ha dicho que su objetivo es elevar la tributación para homologarla a estándares internacionales. Vale la pena recordar que Colombia, con un 69 %, ya ocupa el lugar 135 entre los más altos del mundo, mientras, por ejemplo, Perú tiene un 35 %; Ecuador y Chile, un 32 %, y México, un 52 %, todo ello de acuerdo con los índices del Foro Económico Mundial. Si queremos homologar, tendríamos que disminuir las tasas de tributación drásticamente.
Esta reforma va a desincentivar la actividad empresarial, la toma de riesgos, la innovación, va a promover la informalidad y por este conducto la evasión y la elusión, y también la descapitalización de las empresas y su productividad. Y si a todo esto se suman los anuncios en materia laboral, el efecto será devastador. El Gobierno debería saberlo.
El impuesto al patrimonio que ahora se volverá a cobrar a las personas naturales merece especial mención porque se calculará sobre el valor intrínseco de las acciones y sobre el valor fiscal de los demás activos. Este impuesto, en muchos casos excederá los ingresos efectivos que recibe el contribuyente, más aún cuando la base gravable incluirá ahora valorizaciones no realizadas y que tal vez nunca se realicen para el accionista. Muy mal mensaje para el conjunto de la inversión nacional. Recuerdo que la última vez que se cobró, solo 4.500 personas lo pagaron. Ya 50.000 habían trasladado su residencia fiscal o renunciado a la ciudadanía colombiana, y me temo que reviviendo este impuesto se irán muchos más.
Así como es de confiscatorio con las personas naturales y sobre todo los asalariados y pensionados, el proyecto es tímido, poco ambicioso, en materia de control del contrabando y de la evasión abierta. Solo unas pocas normas para las grandes empresas y de resto, nada. Aquí no se ve un plan de choque como el que esperábamos, entre otras, para no seguir persiguiendo siempre a los mismos que hoy tributan, sino para enfilar baterías contra la informalidad y los dineros del narcotráfico, el lavado, el contrabando y la minería ilegal.
Estoy seguro de que el objetivo del Gobierno de aumentar el recaudo en 25 billones se puede y se debe conseguir, pero no de esta forma. Continuará.
