Todo equivocado
Por: Germán Vargas Lleras
De todos los pronunciamientos de esta semana, me pareció que la única declaración sensata fue, paradójicamente, la del propio expresidente Uribe, minutos después de conocida la decisión de la Corte. A partir de allí no he escuchado más que insensateces y pronunciamientos calenturientos, en especial de quienes fungen como sus amigos y copartidarios, los cuales, desde la víspera, anticipándose a la decisión, intentaron presionar indebidamente a la Corte.
Esa equivocada estrategia que desconoce la idiosincrasia de los jueces y magistrados, tan celosos de la autonomía e independencia de la rama, pudo conducir a la unanimidad en la decisión, cuando parecía estar dividida. De esta torpeza no se escaparon ni el propio presidente Duque, ni los ministros, ni los alcaldes, ni los gremios ni los patrocinadores de los avisos de prensa. ¿Quién será el genio?
Ni qué decir de la propuesta, al calor del fallo, de convocar una asamblea constituyente para reformar la justicia, pero especialmente para impulsar la Corte única. Bien saben sus autores que a estas alturas del Gobierno ya no alcanza el tiempo para tramitar en el Congreso el proyecto, enviarlo a control de constitucionalidad y convocar la elección de sus integrantes. Y todo esto como respuesta a una providencia judicial. Me temo que en el fondo no haya más que la aspiración de consolidar liderazgos con miras a ir adelantando nocivamente el debate electoral del 2022, cuando falta la mitad del periodo de gobierno. Y para rematar, la inexplicable nota de la senadora Holguín a las Fuerzas Militares, que ameritaría una investigación.
Yo he sido el primer impulsor de una reforma a fondo de la justicia, de este tema me he ocupado en esta columna en varias ocasiones. Pero esa reforma no la vamos a hacer en modo revancha. Es, tal vez, la reforma que requiere más consensos y más cabeza fría en su contenido y trámite. Cocinarla en los fogones de esta decisión judicial me parece muy equivocado e inconveniente.
La anunciada reforma se ha planteado, además, como un ultimátum del partido de gobierno al propio Presidente. No había visto en mi larga carrera política algo más insólito. De manera que, si el Gobierno no se monta en esta alocada iniciativa, se expondría a cortar amarras de una vez por todas con su partido. Ya son demasiadas las ocasiones en que el partido de gobierno pone el palo en la rueda: los acuerdos de paz, la JEP, la reforma tributaria, la prima semestral, para citar solo algunos. ¿Estarán el Gobierno y su partido al borde de una ruptura, precisamente cuando el país afronta la más profunda crisis económica y social de nuestra historia? Espero que no.
A los partidos de la izquierda y a los otrora militantes de las Farc les digo que no es tiempo de festejos. Vaya momento de atizar la ira ciudadana, ya bastante tocada con la negativa a reconocer la incorporación forzada de menores a la tropa. Silencio es lo que deberían guardar en relación con un proceso que apenas se inicia. Ondear las banderas de la institucionalidad y la democracia solo cuando les conviene se les devolverá con fuerza inusitada.
Yo tengo muy claro que las decisiones de los jueces se deben respetar, y punto. No solo con declaraciones, sino con hechos. El partido de gobierno, y me temo que también el Presidente, está desafiando a la Corte Suprema de Justicia y a toda la rama cuando cuestiona sus decisiones. Y lo hacen, además, cuando el alto tribunal estrena la figura de la doble instancia y actúa como célula de acusación, precisamente atendiendo el reclamo del Centro Democrático. Me temo que estemos regresando a épocas de enfrentamiento con las cortes. De ahí que no resulte extraño que todas las demandas prosperen y leyes y decretos se caigan: pensiones, consumo de drogas, impuesto solidario, servicios públicos, aportes pensionales; hasta la Virgen de Chiquinquirá perdió el pleito.
Y, pasando al plano personal, lamento el dolor que causa esta determinación al expresidente Uribe y a su familia, y confío en que él demostrará su correcto actuar y su inocencia, atendiendo este proceso por los cauces adecuados, con la mayor celeridad posible y con observancia de todas las garantías procesales a que tiene derecho.
