Tomen la delantera
Por: Germán Vargas Lleras
Comenzaron esta semana las negociaciones anuales del salario mínimo. Gobierno, sindicatos y empresarios, reunidos en la mesa de concertación de política salarial, tendrán que hacer especiales balances de la situación social y económica de un país todavía convaleciente de la pandemia. Por eso, no se trata en esta ocasión del tradicional tire y afloje con propuestas desmesuradas de todos los actores.
Ojalá se pudiera llegar a un consenso tras un análisis ponderado no solo de las principales variables, como el alza del costo de vida o el incremento de la productividad, sino también de otras como el impacto positivo que pueda tener este ajuste en la reactivación económica vía el aumento de la demanda de bienes y servicios, asociado al mayor ingreso o la preocupante desmejora de los niveles de calidad de vida de múltiples sectores de la población.
Nos toma, además, esta negociación en medio del debate electoral. Creo haber escuchado propuestas de la mayoría de los sectores y candidatos y hasta ahora, para mi sorpresa, ninguna de corte populista.
Creo que en esta oportunidad todas las condiciones están dadas para que el incremento que finalmente se establezca sea menos tímido. Veamos: la inflación ya va por el 5,84 % para los estratos populares y en 4,99 % para la clase media. Lo más preocupante es el nivel de inflación del 15,34 % para los alimentos, entre ellos la carne de res (30,62 %), la carne de aves (26,11 %), los aceites (45,78 %) y las frutas frescas (21,98 %).
Otro factor por analizar es la productividad, que alcanza ya niveles del 3 %. Por el lado de la recuperación del empleo, otra de las preocupaciones principales, aún faltan 665.000 para llegar a niveles prepadémicos. Pero el dato más positivo, la economía creciendo en el tercer trimestre al 13,2 %.
Aun con estos datos en la mano, incrementar el salario mínimo en un 10 % podría ser visto en algunos sectores como elevado, sobre todo si se compara con los aumentos de los últimos años, en especial el de 2021, que fue de 3,5 %. Pero la inflación en 2020 fue del 1,61 y la economía no daba señales de reactivación. La principal preocupación de adoptar un incremento de esta naturaleza tiene que ver con el desestímulo a la creación de más empleos, que es, sin duda, uno de los primordiales objetivos de la política económica e industrial de un país. Pero esta amenaza ha sido puesta en entredicho por el premio Nobel de economía de 2021, David Card, que ha desafiado con sus laureados trabajos esta hipótesis. Hoy sabemos que la destrucción o creación de empleo no está directamente asociada al monto del salario mínimo.
Un incremento del 10 % en el mínimo actual, que es de 908.526 pesos, acercaría el monto principal del salario al millón de pesos. Ya en este punto, creo que no vale la pena enredarse más con porcentajes y decimales, qué importante sería enviar un buen mensaje aumentando el salario mínimo a un millón de pesos. A este monto habría, por supuesto, que adicionar el subsidio de transporte o de conectividad.
Hay que considerar también en la discusión que un aumento muy alto, como el que seguramente estarán por exigir las centrales obreras, generará presiones inflacionarias que, a la larga, afectarán más a las personas de menores ingresos, como ya se ha señalado. Y como faltan algunos candidatos por lanzar sus propuestas, también habrá que estar atentos a rechazar populismos, vinieren de donde vinieren.
Un incremento mayor del salario mínimo crearía un círculo virtuoso, pues las familias con dinero en el bolsillo consumen más, lo que a su vez motivaría a los empresarios a subir la oferta de productos y servicios y, por consiguiente, a requerir más mano de obra y ojalá empleos formales.
La realidad es que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, es decir, el riesgo de que el aumento salarial no logre compensar los incrementos del costo de vida actual, no sería conveniente para nadie.
El Gobierno tiene que ser audaz, proceder sin timidez y tomar la delantera intentando construir consenso alrededor de una propuesta como la indicada. Pero si ello no fuera posible, imponerla con la autoridad y la seguridad de que contribuirá a aliviar la situación de millones de familias y también a la anhelada reactivación económica.
