Trabajar más y no menos
Por: Germán Vargas Lleras
No se me ocurre tema más sensible y que amerita respuestas más rápidas y contundentes que el de la reactivación del empleo. Por causa de la pandemia, los niveles de desempleo en el país llegaron a un 25 % y se sitúan todavía en un alarmante 14,5 %, afectando principalmente a mujeres y jóvenes. Esta cifra, además, hay que analizarla a la luz de la altísima informalidad del empleo en Colombia. En épocas normales, la informalidad oscila entre un 50 y un 60 % y si nos atuviéramos a las cotizaciones al régimen pensional, esta llegaría al 80 %. Nuestra tasa promedio de desempleo ha rondado el 10 %, y cuando aquí es motivo de celebración alcanzar tasas de un dígito, en otros países como México o Brasil, con tasas del 4,5 %, esto sería motivo de enorme preocupación.
Y es precisamente en medio de esta histórica situación de desempleo como al partido de gobierno, el Centro Democrático, se le ocurre iniciar campaña y presentar su muy inconveniente reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La propuesta ha sido recibida con natural preocupación por los empresarios. También he escuchado voces desde el sindicalismo, donde señalan que esta reforma tampoco les atrae porque viene ‘envenenada’. El Gobierno también ha manifestado su desacuerdo con una iniciativa nacida de sus propias toldas. No ha sido esta –recordemos la prima extra– y seguramente no será la última en que contemplemos este espectáculo de ‘fuego amigo’. Pero vaya tema y vaya momento. Qué falta de consideración.
La verdad es que la propuesta, que por supuesto tiene su atractivo, trae su costo económico y social. Según la Universidad de los Andes, disminuir la jornada como se ha presentado tiene un costo de 2 puntos del PIB, lo que es igual a 20 billones de pesos, que los empresarios tendrán que cargar a sus ya abultados costos de producción. El efecto inmediato será pérdida de productividad y competitividad en las empresas, en especial las pymes, muy poca generación de empleos y mayor informalidad. De manera automática, el salario por hora trabajada se incrementará en un 20 %, así como los demás costos asociados. Cuando hemos registrado una pérdida de productividad del 0,6 % este año y se hace más urgente que nunca recuperar la competitividad de nuestro aparato productivo, la propuesta entonces no es trabajar más, sino menos.
Algo que llama poderosamente la atención es que ni siquiera los trabajadores están pidiendo esta reducción. Un estudio reciente muestra cómo el 93,1 % está satisfecho con la jornada actual de 48 horas. Que es, además, la misma que tienen el 80 % de los países en el mundo.
A esta discusión viene a sumarse la del salario mínimo. Nuevamente llamo la atención de trabajadores, empresarios y Gobierno sobre la prioridad, que no puede ser otra que la generación de más empleos formales. Incrementos del 13 % como los solicitados por los sindicatos solo pueden conducir a más desempleo, más informalidad y menor productividad. Tampoco puede aceptarse que el incremento no compense la pérdida de poder adquisitivo. Una solución que no impediría generar nuevos empleos, recuperar los que se perdieron y preservar los actuales debería estar en torno a la inflación (1,9 a 2 %).
Insisto en que este es un momento propicio para iniciar en serio el trámite de la tan aplazada reforma laboral a la que en numerosas ocasiones me he referido, al igual que a la esquiva reforma del régimen pensional, y que se han limitado a comisiones de estudio. Nuestro mercado laboral está muy segmentado por los altos costos de la formalidad, que encarecen la contratación en un 70 %. Es un régimen casi único en el mundo, que adolece de problemas estructurales que explican por qué la pandemia dejó aquí muchos más desempleados que en la mayoría de los países. Los altos y muy diversos costos, tasas, aportes y contribuciones, si se van a mantener, hay que financiarlos con presupuesto estatal, eliminando todos los impactos sobre el salario.
En pocas palabras, la reforma laboral que todos deberían impulsar es aquella que permita incentivar la contratación y proteger, formalizar y flexibilizar el empleo.
