Un acierto
Por: Germán Vargas Lleras
El Gobierno ha radicado su anunciado proyecto de seguridad ciudadana. Es de esperar que su trámite sea expedito, pues la situación de indefensión de la gente e impunidad ya ha traspasado cualquier límite imaginable. No hay tal que las cifras de criminalidad se estén reduciendo. A septiembre, los homicidios han crecido en 18,3 %; las lesiones personales, en un 18,7 %, y ya van, en lo corrido del año, cerca de 90.000 casos de violencia intrafamiliar.
El proyecto de ley se ocupa de manera muy positiva de problemas que he venido señalando en esta columna y que son en buena medida la causa del incremento de la criminalidad y también del fracaso de muchas de las acciones emprendidas por las autoridades. Comencemos por el gravísimo tema de la reincidencia. El proyecto contempla el agravamiento de la pena para aquellos que en los últimos 5 años tengan condena proferida en su contra por delito doloso. Y, más importante, para aquellos reincidentes capturados muchas veces pero nunca condenados. Establece nuevos parámetros para los jueces en el momento de definir la detención preventiva, lo que permitirá que se los pueda privar de la libertad cuando tengan registros de anteriores capturas.
Al respecto, vale la pena recordar que en el reciente Plan de intervención se capturaron 7.007 individuos; de ellos, 6.139 en flagrancia, y el 86 % de todos ellos quedó en libertad a las pocas horas. Así es imposible. Ojalá jueces y fiscales den correcta aplicación a la nueva norma, que de ser aprobada será una herramienta verdaderamente útil, entre otras, para levantar la moral de la autoridad.
Otro tema es el relacionado con la legítima defensa, cuya normativa actual se ha prestado para tantas injusticias. El proyecto establece claras presunciones a favor de las víctimas, quienes ya no tendrán que probar que la defensa fue proporcional cuando la agresión se ha presentado en su casa, oficina o vehículo. Muy buen avance.
Se ocupa también el proyecto de la penalización del porte de armas blancas y de las llamadas armas traumáticas cuando sean llevadas en transporte público, protestas o eventos públicos, y convierte en delito lo que antes era tentativa, el solo hecho de amenazar e intimidar a una persona.
También eleva la pena para robos de menor cuantía para evitar que los autores de robos de menos de 4 salarios mínimos, celulares y bicicletas, por ejemplo, queden automáticamente en libertad. Igualmente se eleva la pena cuando los delincuentes utilicen máscaras o a menores de edad. Esto, en clara respuesta a los desmanes y excesos en las recientes protestas sociales.
En cuanto a los bienes objeto de extinción de dominio, el proyecto agiliza la comercialización de estos, lo que permitirá hacer más eficaz este instrumento vital en la lucha contra la criminalidad organizada. En buena hora faculta a los alcaldes para construir equipamientos destinados a la seguridad en el lugar que determinen, sin tener que adelantar cambios en los POT. Esta exigencia ha hecho casi imposible la construcción de centros penitenciarios, sin los cuales toda la política de seguridad está condenada al fracaso.
Lo digo porque las nuevas medidas, de resultar exitosas, seguramente incrementarán el número de detenidos y condenados, lo cual sin una respuesta por el lado de la oferta de nuevos centros carcelarios conducirá a empeorar los índices de hacinamiento, cuya solución lamentablemente siempre ha sido la expedición de medidas de descongestión que regresan a la calle a los delincuentes.
Se necesitan urgentemente al menos 50.000 cupos penitenciarios adicionales para asegurar el éxito de esta importante iniciativa. El Gobierno, en cabeza del ministro de Justicia y también del minhacienda, debería asegurarse de destinar los recursos necesarios para este programa de infraestructura carcelaria, pilar de la nueva política de respuesta a la criminalidad.
Es tiempo de incorporar al proyecto otros temas como el tratamiento a menores infractores, que en algunos casos son verdaderos y muy peligrosos delincuentes, o la judicialización de los detenidos en las primeras 24 horas. Pero, ojo, ninguna norma es suficiente por sí sola. Se requieren una perfecta coordinación y compromiso de policías, fiscales y jueces y, por supuesto, de la ciudadanía que, atemorizada, no denuncia ni siquiera uno de cada tres delitos cometidos.
