Una reforma inconveniente
Por: Germán Vargas Lleras
Esta semana se divulgó el informe de medición en el cumplimiento de los objetivos trazados para el desarrollo sostenible (ODS). Imposibles peores resultados. Ocupamos el muy deshonroso penúltimo lugar, después de Bolivia, y advierte el documento que al ritmo que vamos, ni siquiera en 50 años alcanzaremos las metas que nos fijamos. Entre los peores resultados están los de la deforestación y la conservación de especies.
Y, paradójicamente, en el momento de escribir estas notas debe estarse aprobando en el Congreso, aun cuando espero que no, el proyecto de ley de reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR), que son precisamente las responsables de la ejecución en el territorio de la política ambiental. Nada quedó recogido en este de la propuesta que formulamos el año pasado, y sobre la cual conversé ampliamente con el Presidente de la República. Tan inconvenientes son las nuevas disposiciones que más hubiera valido dejar las cosas como estaban.
Las CAR, en su mayoría, no han cumplido con los propósitos para los cuales fueron creadas. Como instrumentos que son de la politiquería, nada hacen para proteger los ecosistemas, y entre ellos los bosques, ríos y cuencas. Tienen gravísimos problemas de transparencia y también de ineficiencia en la ejecución de los millonarios recursos a estas encomendados y son además responsables de muchas de las demoras y los retrasos injustificados en los proyectos de desarrollo regional.
Del proyecto original, como dije, no quedó nada. Se eliminaron todos los criterios de obligatoria observancia para las inversiones y las disposiciones de gestión de riesgo de estas entidades. También se eliminaron los principios de transparencia y acceso a la información, que permitirían luchar contra la corrupción interna.
Mucho insistimos en la necesidad de reducir los consejos directivos a máximo 7 miembros, pero de la propuesta original se pasó inexplicablemente a 14, entre los cuales hay representantes de los pequeños agricultores, de las comunidades indígenas, de las entidades sin ánimo de lucro y de las entidades científicas regionales. Se marchitó, sí, la injerencia del Gobierno Nacional y de los gobernadores. Mejor dicho, si antes eran ingobernables estas entidades, no me quiero imaginar cómo serán si este proyecto es aprobado. Me pregunto cómo ha podido permitir el Gobierno que este esperpento avanzara en su trámite.
El proyecto original prohibía la reelección de los directores. El actual conserva esa prohibición, pero, ¡ah curiosidad!, excepto para los actuales. Y en esta línea, también fueron eliminadas las normas que permitían remover a los directores por probada mala gestión.
Pero quizás lo peor que contempla el proyecto actual sea que mantiene las 33 CAR existentes, cuando nuestra propuesta era reducirlas a 7, consultando el criterio de cuencas hidrográficas. Un número más que suficiente si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en el departamento de Boyacá hoy operan cuatro corporaciones y en Antioquia, tres. No contentos con esto, se prevé la creación de dos corporaciones más, una para Mompox y otra para La Guajira, seguramente también sin capacidad ninguna de gestión.
Y, como si fuera poco, el nuevo proyecto aumenta los ingresos de las CAR por la vía de los recursos de la sobretasa al impuesto predial, que pasan de un límite del 2 al 2,5 %, en desmedro de los municipios, y lo peor: se autoriza utilizar estos recursos en gastos de funcionamiento y mayor burocracia.
Nada de positivo tiene este proyecto que ojalá no se apruebe. Todo se hará más complejo en el ya muy difícil entramado de trámites, requisitos y entidades que participan en los procesos de licenciamiento, y más compleja, también, la relación con las autoridades del orden nacional. Ni qué decir del cumplimiento de los objetivos misionales de estas corporaciones, ahora más expuestas a la politiquería y la corrupción. Ya advertía yo la semana pasada sobre los peligros del populismo legislativo, y más en estos tiempos de pandemia y virtualidad.
