Vacuna obligatoria
Por: Germán Vargas Lleras
Con el anuncio de nuevos picos de contagio para final de año y la llegada inminente de algunas variantes del virus, más agresivas y contagiosas, las autoridades de salud deberían actuar sobre esquemas que nos permitan avanzar más rápidamente con la campaña nacional de vacunación.
Terminando el año contamos con un 40 por ciento de la población vacunada con esquema completo, cifra que esconde enormes diferencias regionales y de edad. Claramente, quienes no se están vacunando son los jóvenes de entre 12 y 25 años y es a este grupo al que deben orientarse todos los esfuerzos de la campaña, considerando, además, su alto nivel de interacciones sociales, combinado con un bajo nivel de autocuidado. Desde la perspectiva regional, el foco debería ponerse en departamentos como Vichada, Putumayo, Magdalena, La Guajira, Chocó, Cauca y Caquetá, donde los porcentajes de población vacunada apenas llegan al 30 por ciento.
Con este panorama y los nuevos riesgos, el Ministerio de Salud insiste en descartar la obligatoriedad de la vacuna, al tiempo que no toma acciones concretas en materia de exigencia de certificado. Por supuesto, en contravía de lo que se observa en muchos países, comenzando por Francia, en donde se comenzó exigiendo que todo el personal sanitario estuviera vacunado, el que no lo hiciera no podía asistir a su lugar de trabajo ni cobrar sueldo. Luego se estableció el certificado para entrar a lugares públicos como cines, teatros, bares, restaurantes y, finalmente, para abordar el metro o cualquier sistema de transporte. Los resultados están a la vista: en un solo día se vacunaron cerca de un millón de personas y en la semana siguiente más de tres millones de jóvenes que se habían mostrado renuentes.
Grecia, Italia, Reino Unido y muchos otros países han seguido este camino. Indonesia ha ido mucho más allá al ordenar cortar los servicios públicos a quienes se resistan a vacunarse. Y qué tal el propio Vaticano, donde el Papa dispuso el despido de los trabajadores que no se vacunaran. Biden también ha tomado medidas drásticas en Estados Unidos al exigir a los empleadores que todos sus trabajadores estén vacunados, igual para todos los empleados y contratistas federales y los 17 millones de personas que laboran en el sector de la salud. Se fijaron términos para la vacunación de todos los empleados del sector escolar y se autorizarán despidos de los renuentes.
Yo me pregunto qué estamos esperando en Colombia para adoptar prácticas similares, que han demostrado tanta efectividad. Nada se ha visto hasta ahora, pero podríamos comenzar por darle fuerza a un instrumento como el certificado sanitario y reglamentar su exigencia para ingresar a restaurantes, cines, centros comerciales y también para utilizar servicios de transporte como taxis, buses, aviones, entre otros, y así otorgarles a las personas la tranquilidad de un ambiente protegido. Este es el camino correcto para respetar la libertad de cada uno a decidir si se vacuna y no la libertad de cada quien a contagiar a los demás.
Como diría el presidente Emmanuel Macron, que los que no se quieran vacunar se queden en sus casas. A ningún joven lo podemos llevar de las mechas a vacunarse ni quitarle el derecho a enfermarse o morirse, pero que no pongan en peligro a los demás. “Que se queden ellos en casa, no nosotros”, afirmó Macron. Estoy totalmente de acuerdo. En esta línea propongo una campaña para no regresar sino a aquellos lugares que implementen esta medida y exijan certificado de vacunación.
P. D. En el propósito de modificar la ley estatutaria de garantías, el Gobierno perdió ya toda vergüenza. Avaló la aprobación de un mico en la ley ordinaria de presupuesto que, en flagrante violación de la Constitución Nacional, modifica le ley de garantías que, como su nombre lo indica, es fundamental para darle transparencia al proceso electoral.
El Gobierno sabe bien que una norma estatutaria no puede ser modificada por una norma ordinaria, ni ser tramitada en comisiones distintas a la Primeras, pero es claro que ya nada les importa y que confían en que el principio de legalidad les ampare este despropósito y que para cuando la Corte Constitucional se pronuncie ya el proceso electoral haya terminado. Pero la Corte podría evitar esta burla decretando la suspensión provisional de la medida desde la presentación de la demanda.
