‘Welcome’
Por: Germán Vargas Lleras
Gran polémica ha generado esta semana el anuncio de la llegada al país de un grupo de asesores militares norteamericanos. Una tormenta con claros fines políticos han tratado de armar frente a la opinión pública un grupo de parlamentarios y otras fuerzas opositoras al Gobierno que, incluso, ya embarcaron al Consejo de Estado en la discusión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A quién favorece este debate?
En primer lugar, vale precisar que con esta decisión el Gobierno en nada ha violentado la Constitución, que establece en su artículo 173 la obligatoriedad de solicitar autorización al Congreso para permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Aclaremos que los 53 oficiales y suboficiales no transitarán por nuestro país con destino a otro, ni su propósito es desarrollar operaciones ni misiones ofensivas, sino cooperar en acciones contra el narcotráfico.
Esta modalidad de cooperación, así como muchas otras desarrolladas en el país, nunca ha requerido la autorización congresional. Desde 1946 tenemos convenios firmados para el desarrollo de estas actividades de cooperación técnica y consultiva. O sea que por más de 70 años hemos recibido ese apoyo, entre otras, para la creación de la escuela de Lanceros en 1955, de las Fuerzas Especiales en 1991, de la Brigada contra el Narcotráfico en 1998, de la fuerza Omega en 2003 y de muchas otras actividades de entrenamiento y apoyo. El Plan Colombia, para no ir más lejos, supuso la llegada al país de más de 800 hombres que, por supuesto, nunca participaron en operaciones de campo. Ojalá se pudiera recuperar parte de esas capacidades que tuvimos hasta 2015, particularmente en la aviación y la inteligencia, tan definitivas para el combate del narcotráfico. Hoy, igualmente en desarrollo de esos convenios, 65 integrantes de nuestra Fuerza Pública adelantan comisión de servicios en los EE. UU.
Claramente, este grupo viene a asesorarnos en la lucha contra el narcotráfico bajo los principios de corresponsabilidad y como país aliado que siempre ha sido Estados Unidos en esta materia. Por eso se distribuirán en las zonas con mayor presencia de narcotráfico, como lo son Tumaco, con la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules; en Tibú, con la Fuerza Vulcano; en La Macarena, con la Fuerza Omega y con la mencionada Brigada contra el Narcotráfico. Su misión, mejorar la efectividad operacional para combatir las organizaciones delincuenciales responsables de las más de 220.000 hectáreas de cultivos ilícitos y que constituyen el principal combustible de la violencia en el país.
¿Qué puede haber de malo o censurable en esta cooperación? ¿Acaso no estamos todos comprometidos en la lucha frontal contra el narcotráfico? ¿No estamos todos de acuerdo en desmantelar la principal fuente de financiación de la guerra?
Los que protestan señalan, además, que esta presencia es una provocación, una amenaza de guerra internacional. Falso. Pero si así fuera, no hemos escuchado nada de esos críticos frente a la presencia en Venezuela de 8.000 efectivos cubanos, entre asesores, generales, oficiales y hasta miembros de la guardia presidencial. Y ni decir de los militares y asesores rusos presentes en el Táchira, Aragua, Anzoátegui y Caracas, y aquellos de la base aérea Manuel Ríos, desde donde operan los aviones Sukhoi. ¿Y de la presencia de asesores militares chinos en el Comando Cíber de Caracas o iraníes en la base Libertador? Ni una palabra.
Está claro que la misión es cooperar en lucha contra el narcotráfico, pero al margen de esto me parece que el mensaje de una alianza poderosa y confiable con EE. UU. no es malo en el frente internacional. Y en el plano interno es una notificación a quienes persisten en la ilegalidad, como las disidencias de las Farc o el Eln, de que serán enfrentados con todas nuestras capacidades y las de nuestros aliados.
Me pregunto si aquellos que tan airadamente protestan y se rasgan las vestiduras, Constitución en mano, ven con simpatía el régimen dictatorial de Maduro o quizás a algunos de sus aliados en Colombia. Amanecerá y veremos.
