Y ahora, pensiones

Desde hace muchos años he expresado públicamente mi preocupación por establecer en el país un sistema de pensiones que cubra al universo de nuestra población, al tiempo que sea sostenible en términos de su financiamiento, tanto público como privado. Yo creo que un sistema con estas características es posible, pero al revisar la propuesta del Gobierno observo que por razones ideológicas y por necesidades fiscales de corto plazo podría estar engendrando un monstruo cuyas consecuencias en el mediano y largo plazo serían devastadoras para las finanzas públicas y para los propios pensionados.

Sea lo primero decir que la reforma propuesta acabará con el mercado de capitales, pues al transferir el 80 % de las cotizaciones al Estado, el régimen de ahorro individual queda privado de manera grave de recursos frescos para invertir, hasta el punto de que pueda llegar a no ser atractivo para los actuales administradores. Vamos a borrar 30 años de fortalecimiento de un mercado que ha permitido hacer el cierre financiero de proyectos de infraestructura, financiar los sistemas de transporte masivo y a muchas empresas del sector privado. El mercado de capitales ha aportado entre 10 y 12 billones por año a la financiación de la economía, cifra que se perdería con esta reforma.

Se afectarán de manera grave el ahorro nacional y la inversión del país, pues se reemplazará un sistema que ahorra por uno que gasta, pues, entre otras razones, se permite pagar los subsidios del pilar semicontributivo con estos recursos. Aun si el Gobierno ahorrara todo el dinero que recibe en exceso, que no lo creo, surge la pregunta de cómo se van a gestionar e invertir estos recursos. Nada de esto está claro en el proyecto de ley, pero es inocultable el riesgo de politización y corrupción asociado a la gestión de un portafolio de este tamaño en cabeza del Estado.

Lo más preocupante es que aumentarán la deuda del Estado y las contingencias asumidas por este, pues por definición los sistemas pensionales de reparto están desequilibrados y son insostenibles ante la transición demográfica, ya que cada día hay menos cotizantes por pensionado. A ello se suma el agravante del componente de subsidio, que se multiplica por tres en la reforma y desde el primer año habrá que disponer de 42 billones adicionales, más de dos reformas tributarias, para un total de 90,6 billones anuales.

Pero no todo es malo. Lo mejor, la ampliación y formalización del pilar solidario que remplazaría el programa Colombia Mayor y otorga un derecho a las personas mayores de 65 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, por valor de 230.000 pesos mensuales. En estricto sentido, este no es un elemento del sistema pensional sino un programa de política pública y que, de hecho, se propone financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación y no con recursos del sistema pensional, lo cual es correcto.

También es positivo que se unifique el sistema. Esto permitirá que todas las personas en igualdad de condiciones tengan una pensión igual y es mucho más sencillo para el usuario, pues no tiene que entender cuál sistema le conviene más. Y también, muy positivo, que se eliminen los subsidios a las pensiones altas.

En aras de avanzar en la discusión, propongo 5 modificaciones a la propuesta gubernamental, que en mi opinión permitirían aprobar una reforma pensional responsable, posible y que le sirva al país.

1. El pilar de reparto se debe limitar a las contribuciones que arrojen una pensión garantizada de 1 s. m. l. v. y eliminar los subsidios a las pensiones que superen ese umbral.
2. Unificar en 1.300 semanas el tiempo para acceder al subsidio de pensión de 1 s. m. l. v.
3. Mantener la libertad de elección para todos los afiliados entre las AFP y Colpensiones en su componente del primer pilar contributivo. Dado que el subsidio de pensión mínima se podría preservar en ambos.
4. Las contribuciones de los nuevos afiliados que escojan a Colpensiones deben ahorrarse en su totalidad, y los recursos se deben invertir con reglas de juego claras.
5. Adoptar los pilares solidario y semicontributivo, pero con cargo al Presupuesto General de la Nación y no financiarlos con las contribuciones de los afiliados al sistema de pensiones.

Sin estos cambios sería preferible establecer el pilar solidario acordado y desechar el resto de la irresponsable reforma.